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En 2017 España ha superado por primera vez la barrera de los dos dígitos en ventas de vehículos eléctricos con 13.021 unidades, contando conjuntamente los eléctricos puros (BEV) y los híbridos enchufables (PHEV). Si a ello le añadimos la próxima puesta en marcha de las ayudas de 5.500 euros del Plan de Impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (MOVEA), a los que se suman 1.000 euros por la instalación de un punto de carga doméstico, se puede pronosticar que en el presente año se batirán récords.
En 2013, dentro de una batería de medidas para fomentar la rehabilitación de las viviendas, el gobierno modificó la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en la que se dice: que el propietario de una vivienda en un edificio comunitario tan sólo debe comunicar al presidente de dicha comunidad su intención de llevar a cabo la instalación de un punto de recarga, dejando claro que el coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los beneficiarios directos de la misma.
Para la citada instalación se tendrá dos opciones:
Opción 1.- El propietario puede hacer la instalación de su punto de recarga aprovechando el contrato eléctrico de su propia vivienda.
Opción 2.- El propietario se ve en la necesidad de conectar su punto de recarga desde el Cuadro Eléctrico General de la Comunidad.
